Muchas veces en la historia de
nuestro país las fechas importantes se han cargado de connotaciones diferentes
a las que tuvieron en su origen. Así, por dar sólo un ejemplo, es muy usual
reconocer a empresas de estética femenina impulsando promociones por el día de
la mujer, fecha que recuerda a un hecho eminentemente político y de
reivindicación social.
Del mismo modo, El
establecimiento de una fecha para el festejo del día del niño en nuestro país
fue impulsado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, con el
objeto de dar un incentivo a las ventas del sector; siendo los fines que
propulsaron esta conmemoración de corte claramente mercantil o comercial. Hecha
esta consideración, queremos de cualquier manera aprovechar esta eventualidad
como excusa para pensar algunas cuestiones.
Partimos de la consideración de la
infancia como categoría construida desde distintas miradas en cada contexto sociohistórico.
La misma tiene una clara connotación social, y se llena de contenido de acuerdo
a los valores, ideas y representaciones sociales de cada cultura, disputados
bajo la luz de luchas políticas, instaladas y sostenidas por diferentes actores
sociales.
Si realizamos un breve recorrido
por las formas de construcción de la infancia y de las políticas de infancia en
la Argentina, desde los aportes de la historiografía, nos encontramos con que ésta
comienza a constituirse como “tema de agenda” con la aparición de la cuestión
social en nuestro país, alrededor de 1880. En un primer momento, eran las
instituciones de caridad y de filantropía, privadas y de carácter religioso,
las que intervenían en el asunto. La respuesta del Estado comenzó a tener lugar
con posterioridad, mediante la instauración del Patronato de Menores, y de la
sanción de la Ley 10.903 o Ley Agote, en el año 1919. Este modelo de
intervención, basado en la doctrina de la situación irregular, construida de
acuerdo a los criterios del positivismo criminológico, considera al niño como
un objeto de la tutela del Estado, como un ser incompleto, adaptado, que
requiere ayuda para su incorporación en la sociedad. La intervención del Estado,
en este marco, está orientada a su control y disciplinamiento, teniendo como
eje la criminalización y la judicialización de la infancia, pero fundamentalmente,
de la pobreza en la infancia, considerando al niño como sujeto material y
moralmente riesgoso, siendo la institucionalización de niños y/ o adolescentes la
respuesta por excelencia.
Muy pocas fueron las
modificaciones en cuanto a la particular situación de la infancia en las
siguientes décadas. No fue hasta 1990 cuando Argentina adhirió a la Convención
Internacional de los Derechos del Niño; sin embargo, no hubo una adecuación
legal ni institucional a la misma, sino hasta quince años más tarde, tiempo
durante el cual se continuó reproduciendo el paradigma de la situación
irregular. Fue en 2005 que se sancionó, en Argentina, la Ley 26.061, “De
protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”; basada en la
comprensión de éstos como sujetos de derechos, en pos de cuyo cumplimiento y
garantía el Estado, la Sociedad Civil y la Familia tienen responsabilidades y
obligaciones. De esta manera, se busca articular las medidas e intervenciones
referidas a la niñez en un Sistema de Protección Integral de Derechos para
niños, niñas y adolescentes; donde el objeto fundamental es la preservación y
restitución de derechos en las oportunidades en que estos son vulnerados o
corren riesgo de serlo; así como la reparación de sus consecuencias.
En nuestra provincia, la adhesión
a esta concepción de la infancia se produjo en el año 2008, con la sanción de
la Ley 9861, “Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, el
Adolescente y la Familia”. Este paradigma, sustentado en la categoría del
Interés Superior del Niño, tiene en su base políticas públicas básicas y
universales, necesarias para su pleno desarrollo. Lo realizado en materia de
educación, salud, recreación, desarrollo de bienes culturales en los últimos
años, durante la conducción de nuestro gobernador, Sergio Urribarri, es
tributario de esta noción.
Y si bien la adecuación de las
instituciones y de los modos de intervención de las mismas a la letra de la ley
es un proceso que requiere de tiempo y de modificaciones en la propia
estructura de pensamiento de la sociedad –en lo instalado, incluso, desde el
sentido común-, consideramos que los avances producidos en estos años han sido
invaluables. El reconocimiento del niño
como persona independiente, con deseos, necesidades, sueños, constituye una
conquista de la cual no es posible retroceder.
Es así que en este marco, el
mejor aporte posible es aquel que contribuya a que los niños puedan disfrutar
de su infancia como tales. Las banderas de la abolición de la violencia y del
trabajo infantil se levantan mediante luchas políticas, y en esto no existen
grises ni puntos medios. El desafío es profundizar el trabajo sostenido en los
últimos años, desde el lugar que a cada uno le toca para que, como enarbolaran
nuestra querida Eva hace tiempo y nuestra presidenta en la actualidad, en
este gobierno sigan siendo los niños los únicos privilegiados.
